Recortar los derechos de los trabajadores en activo no favorece la creación de empleo

Una nueva vuelta de tuerca. Otra reforma laboral y, como siempre, es una reforma que atenta contra derechos adquiridos por los trabajadores conseguidos tras años de lucha. Una reforma que se aprueba sin el más mínimo acuerdo con los representantes sindicales, cosa que le resta legitimidad.

Como reconoció el ministro Guindos, se trata de una reforma laboral extremadamente agresiva que, además no aborda convenientemente el gran problema del paro. La obsesión de la CEOE, recogida por el gobierno del PP como medida estrella, de abaratar los despidos no, es una medida que cree empleo sino todo lo contrario. La reducción de las indemnizaciones por despido da facilidades a los empresarios para despedir a los trabajadores y sustituirlos por trabajadores más precarios o para amortizar puestos de trabajo, nunca para generar empleo nuevo.

Para generar empleo las medidas deberían ser radicalmente distintas: dinamizar la economía mediante una fuerte intervención pública, conceder créditos a las empresas y estimular el consumo. Unos trabajadores con menos derechos y con mayor precariedad lo que harán será exactamente lo contrario, es decir reducir el gasto y el consumo.

Otra medida estrella como es la de subvencionar los contratos indefinidos no resulta creíble, ya que al establecer un exageradísimo período de prueba de una año, permitirá en muchos casos despedir al trabajador con la excusa de no haber superado el período de prueba, sustituyéndolo por otro trabajador en las mismas circunstancias. Conociendo la picaresca tan arraigada en nuestro país, no es muy aventurado suponer que sería una práctica habitual.

A la espera de un análisis más detallado y de ver el resultado final de la tramitación parlamentaria, hay algunas otras cuestiones que resultan muy preocupantes, como son:

La potenciación de las empresas de trabajo temporal, la posibilidad de despidos en base a “perdidas previstas”, la eliminación de los controles administrativos en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo, o la posibilidad de las empresas de “descolgarse” de los convenios colectivos del sector.

El gobierno intenta endulzar el ataque a los derechos de los trabajadores incorporando también una limitación a las indemnizaciones de los directivos de entidades bancarias que hayan sido intervenidas o participadas con capital público que quedar “reducidas” a 600.000 y 1.200.000 euros respectivamente. Esquerra Unida entiende que ésta medida más que una contrapartida de carácter social, es un escarnio para los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.

Eivissa, 10 de febrero de 2012.

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