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Alfredo Barón

  

La manipulación sobre el Plan Hidrológico de las Islas Baleares
3 de setembre de 2013.

Desde el paso del PHIB por el Consejo Balear del Agua (CBA), se han sucedido una
serie de notas del gabinete de prensa, declaraciones del Conseller Sr. Gabriel Company y por último, la entrevista con el Director General de Recursos Hídricos, Sr. Salvador Padrosa, publicada en “La Almudaina” de Diario de Mallorca 28-07-2013 y también el 28-08-2013 en el mismo diario, que constituyen una absoluta manipulación y desinformación sobre la realidad del PHIB.

Se dice que la peor mentira es una verdad a medias o una verdad manipulada.
Podríamos decir que las declaraciones del director general de Recursos Hídricos, Sr. Salvador Padrosa, son un cúmulo de manipulaciones y medias verdades. Pero, dado que sigue el guión marcado por el Conseller Sr. Company en anteriores declaraciones, ya que el director no tiene autonomía política para hacerlo él solo, analizaremos las manipulaciones y medias verdades del Conseller Company.

Dadas las dificultades de poder responder en los mismos medios, hago a continuación
unos comentarios para que poco a poco, los ciudadanos puedan conocer la realidad.

                                     COMENTARIOS

Sobre el consenso en la aprobación del PHIB

Se consideran satisfechos por el gran consenso obtenido: 33 votos a favor y uno en
contra. El anterior tuvo una abstención por parte del GOB y 2 votos en contra, que fueron del representante del Colegio de Ingenieros de Minas (que actúan como
directores facultativos) y de la asociación de sondistas. En el Consell Balear de l’Aigua (CBA) de febrero 2011 hasta ASAJA votó a favor. Pero además, en el CBA de 29 de julio 2013, no participó como vocal ningún técnico del Servicio de Estudios y Planificación. Los dos vocales, nombrados por 4 años por el Sr. Company, fueron cesados en el mes anterior a la reunión del CBA. Así se evitaba la más que probable oposición de dichos técnicos, a una desregulación escandalosa y a algunas aberraciones técnicas. Así consigue el consenso el Sr. Company.

Sobre la afirmación de que es un Plan más proteccionista

Cuando leo estas declaraciones, me vienen a la mente dos palabras: cinismo y
desvergüenza política.

1)En primer lugar, es una manipulación comparar la propuesta del PH actual con el PH de 2001, cuando todavía no se había traspuesto la Directiva 2000/60/CE, Directiva
Marco del Agua
, a la legislación española. El PH que expuso de nuevo a información pública el Sr. Company fue el aprobado incialmente por el Consell de Govern en febrero 2011 e informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua, en marzo del mismo año. Por tanto, es con este con el que hay que comparar las modificaciones producidas.

2) En segundo lugar, se oculta de forma vergonzante lo siguiente:

 

    –  El artículo 22.1 de la ley 10/2003, establecía la obligatoriedad de autorización
para captaciones para volúmenes menores de 7.000 m3/año.

    –  El Decreto 108/2005 de 21 de octubre, prohibía toda nueva captación en la franja de 1 Km desde la línea de costa, en la isla de Mallorca y de 500 m, en las islas de Menorca e Ibiza. Para captar agua con contenido salino equivalente al del agua del mar, se establecía una distancia máxima, desde la línea de costa, de 100 m. Se prohibía también, las nuevas captaciones en el perímetro de restricciones máximas de 250 m, de las captaciones para abastecimiento. Y en su artículo 9, decía: “la Dirección General de Recursos Hídricos, ha de establecer los medios de inspección administrativa necesarios, para controlar el debido cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el presente decreto”. Este decreto también establecía que “las nuevas autorizaciones de explotación de aguas subterráneas en las Illes Balears,
solamente se podrán conceder para caudales instantáneos máximos de 0,5 l/seg y
volúmenes máximos de 200 m3/año, para viviendas aisladas en suelo rústico que
dispongan de cédula de habitabilidad o acrediten una antigüedad superior al 1 de marzo de 1987, a través del correspondiente certificado municipal o dispongan de licencia municipal de obra en ejecución…..”.

 El citado Decreto, establecía también las normas técnicas de ejecución de sondeos (tuberías, centradores, cementación, etc.).

El Plan aprobado inicialmente en 2011, recogía estas disposiciones.

La Ley 7/2012 de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística
sostenible (denominada “Ley Company”), derogó de forma subrepticia, estas
disposiciones. En cualquier país civilizado, la abogacía del estado hubiese presentado de oficio, un recurso de inconstitucionalidad.

Conviene recordar, que la “Ley Company”, deroga el Decreto 108/2005 sólo en lo que se refiere a las captaciones de menos de 7.000 m3/año y que el Decreto 53/2012 de
6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano en las Islas Baleares, establece, para los pozos con este uso, que “a fin de proteger el dominio público hidráulico de cualquier tipo de contaminación, la ejecución de los sondeos se ha de ajustar a las condiciones técnicas mínimas que establece el Decreto 108/2005….”.

Por tanto, la nueva propuesta incumple la propia legislación autonómica o pretende,
de forma encubierta, derogar esta legislación sin citarla.

Con lo anterior, se deja absolutamente en manos de directores facultativos y sondistas, los criterios de protección del dominio público hidráulico en la ejecución de sondeos. La revisión de cualquiera de los aproximadamente, 60.000 expedientes de pozos, existentes en los archivos de la Dirección General de Recursos Hídricos, permite valorar la calidad de esos criterios.

Por otra parte, la Ley 13/2012 de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la
activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias, permite el otorgamiento de concesiones en las unidades hidrogeológicas clasificadas (según el Plan del 2001).

Por todo lo anterior, y dejando aparte otras medidas desreguladoras y de
desprotección del dominio público hidráulico (eliminación de los protocolos de
descontaminación en gasolineras, descontrol por parte de la Administración Hidráulica en las actividades agrícolas y ganaderas, eliminación de la posibilidad de recuperación de humedales, disminución de la distancia entre captaciones, desprotección de la vegetación en la ribera y un largo etc), sólo desde el mayor cinismo y la más absoluta desvergüenza política, se puede afirmar que este plan es más proteccionista.

El nuevo texto permite un incremento de extracciones, tanto en zonas costeras como
en masas de agua en riesgo, prorrogables y excepcionables.

Disminuye la protección del dominio hidráulico, tanto frente a la contaminación puntual
como difusa, así como por la desprotección de los sondeos. Disminuye la protección de torrentes y humedales, la Administración Hidráulica hace dejación de sus obligaciones y se incumplen diversos aspectos de textos normativos.  

En otro orden de cosas, afirma el Director General que, en los primeros 1.000 m de
la línea de costa, la extracción permitida son 400 m3/año; sin embargo, en el artículo 59, punto 1 k, se dice que el volumen máximo otorgable será de 500 m3/año. O se trata de un error  o ya se tiene en cuenta que, como sacarán agua salobre, deberán desalarla, con el consiguiente volumen de rechazo.

Por otro lado, afirma también que el establecimiento de la franja de 200 m desde la
costa, para la extracción de agua con contenido salino equivalente a la del mar, se basa en criterios de los técnicos de la Dirección General, basándose en estudios. Sería del mayor interés, conocer dichos estudios así como sus autores y sus conocimientos en hidrogeología; porque se da la circunstancia, posiblemente una coincidencia, de que el límite mas próximo al mar, de la parcela donde se pretende construir el controvertido hotel de Sa Rápita, se encuentra a 140 m del mar, con lo cual, con la distancia que fijaba (100 m) el derogado Decreto 108/2005, la promoción no podría justificar la captación de recursos alternativos en la propia parcela. Alguien podría llegar a pensar que, mas que criterios técnicos, ya desde la promulgación de la Ley Company, se ha tratado de favorecer a los promotores del citado hotel.

El conseller Company ha consumado una estrategia de desregulación y desprotección
del dominio público hidráulico, que únicamente favorece, quizás sin darse cuenta, los intereses del “agronegocio”, del lobby de directores facultativos y sondistas y al menos en algunos casos, intereses urbanísticos concretos. La siguiente fase de esa estrategia, es disminuir las redes de control sobre las aguas subterráneas (sobre las superficiales no se hace ningún seguimiento desde que llegó el Sr. Company) y el abandono del mantenimiento de las mismas. Menos control significa mas libertad de actuación, aunque ello perjudique al dominio público hidráulico.

Sobre la participación pública del recientemente aprobado PHIB

Las manifestaciones del Sr. Company y en este caso, del Director General, sobre el
anterior proceso de participación y su inutilidad, son un insulto a los participantes y una burla al proceso de participación.

Un insulto al trabajo realizado durante tres años (empezó en 2006) por los casi 800 participantes, de más de 300 entidades, con un total de casi 8.000 horas de trabajo. Un insulto a todo el esfuerzo realizado en la difusión, divulgación, sensibilización, explicación y debate, de la problemática del agua en Baleares y las implicaciones de la Directiva Marco del Agua. Un insulto al esfuerzo realizado en la elaboración de material (guías, documentos de síntesis, actas, vídeos….) y en la integración de las aportaciones en los distintos documentos del Plan.

Una burla de un proceso, realmente participativo, reconocido a nivel nacional y a
un Plan participado, que no ha sido elaborado simplemente por los técnicos, sino con la colaboración de toda la sociedad. Una burla a unos participantes, que hicieron más de 1.000 aportaciones, entre observaciones, correcciones y alegaciones y que vieron cómo se integraban en el Plan, el 85 % de las mismas. Y que ahora ven que en el nuevo texto, han desaparecido sin ninguna explicación, la mayor parte de sus alegaciones que se habían integrado. En un futuro, va a ser difícil convencer a los ciudadanos de que sigan participando en estos procesos, cuando comprueban que su trabajo e ilusión resulta inútil, pues al final, prevalecen los arreglos en los despachos. A lo mejor, es lo que se pretende.

Dice el Director General, Sr. Padrosa, que cuando en la Normativa se habla de
talleres, se refiere a las reuniones promovidas por este gobierno. Conviene aclarar
que el sr. Director General, en esto como en otras muchas cosas, tiene errores
conceptuales significativos. La “participación pública” promovida por este gobierno, ha consistido en 8 o 10 reuniones en total (no 8 o 10 en cada isla), de entre 45 y 60 minutos de duración y en los que prácticamente, sólo se ha expuesto el índice y la estructura del Plan. Bajo ninguna de las metodologías de participación pública, ni según las guías de participación de la Directiva marco, estas reuniones pueden considerarse talleres participativos.

La referencia que se hace en la exposición de motivos, a los “talleres de participación que han tenido lugar en la fase de redacción del Plan”, hay que ponerla en relación con el artículo 3 “Contenido del Plan”, en cuyo punto 1 a, sobre los documentos de soporte del Plan, cita “Plan de participación pública   fases I, II y III”. En ningún sitio, se cita el “proceso participativo” de las reuniones a que se refiere el sr. Padrosa. La fase III a la que se refiere el Plan, que corresponde al proceso de participación del Plan de 2011, consistió en 8 talleres de jornada completa y una jornada científico-técnica,
de media jornada, con un total de 350 participantes y una participación activa de 2.400 horas.

Los ciudadanos, si quieren comparar los dos procesos, pueden buscar la participación pública del Plan del 2011, en  http://www.dma.caib.es. Y que busquen también la documentación generada por el proceso del actual govern.

Sobre los motivos expuestos en su día por el gobierno y que cita el Director General, para justificar la retirada de un Plan al que sólo faltaba la aprobación por el Consejo de Ministros.

Según las declaraciones del sr. Padrosa, la retirada del Plan de 2011, se debió a que
el Govern detectó “graves diferencias sustanciales con el que se envió a Madrid para su aprobación”.

Evidentemente, el proceso de integración de las mas de 800 alegaciones, de estudios
finalizados en 2009 y nueva normativa sobrevenida, así como las revisiones técnico-jurídicas, implicó modificaciones del borrador, que mejoraba el mismo sin modificar ni los criterios ni los objetivos, sino profundizando en los mismos. Se habla de la diferencia en el número de artículos (de 161 a 213), que se corresponde a la reestructuración jurídica del articulado, a la integración de los sistemas de medición y a la integración de alegaciones. También hubo modificación de cuadros y variación del número de masas de agua y recursos, lo cual se corresponde con corrección de errores (incorporación de superficies, longitudes de costa, unidades, etc), incorporación de recomendaciones de los estudios de estado ecológico 2008-2009, incorporación de los resultados de nuevos estudios (superficie anual realmente regada por grupos de cultivo y mejora de los datos de abastecimiento).

La modificación de normas se corresponde con alegaciones y con los resultados de
la modificación del balance como consecuencia de las mejoras técnicas en el cálculo del mismo. Por lo que respecta a los anejos, se incluyeron en unos casos para clarificar aspectos técnicos y facilitar las actuaciones ligadas al cumplimiento del Plan, en otros por criterios jurídicos (cartografía de humedales) y en otros para facilitar las actuaciones de la Administración (infraestructuras y estudios). No hubo pues alteraciones sustanciales, sino adecuación jurídica e integración de alegaciones del proceso participativo.

Resulta curioso que el Sr. Padrosa afirme, como una de las graves deficiencias
detectadas que, “se cambió todo el balance hídrico, es decir, toda la cantidad de agua que había en nuestras islas…..” (se supone que se refiere al agua subterránea). Cabría preguntarse, si era tan grave la deficiencia, por qué se mantienen las mismas cifras del balance en el actual Plan.

Humedal potencial

Sobre este tema, dice el sr. Padrosa: “hay que dejar claro, que en el borrador del 2011 se incorporó esta figura, cuando no debería de haberse incorporado” y se pregunta “¿Por qué incorporaron una figura de humedal potencial?”. Quizás si el Sr. Director General (también el sr. Company, a tenor de sus declaraciones), se molestasen en leer los artículos 276 y el 282 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aclararían sus dudas.

El artículo 276 punto 2, dice:

“Los Organismos de Cuenca realizarán un inventario de las zonas húmedas que incluirá:

  1.  Las zonas húmedas existentes en el territorio.
  2.  Las superficies que mediante las adaptaciones correspondientes, pudieran recuperar o adquirir la condición de zonas húmedas.

Por su parte, el Artículo 282 dice lo siguiente:

“1.   De acuerdo con el inventario a que se refiere el artículo 276, la Administración realizará los estudios necesarios, en orden a rehabilitar o restaurar como zonas húmedas, si procede, aquellas que hubieran sido desecadas por causas naturales o artificiales.

  1.  Cuando sobre la antigua zona húmeda no existan aprovechamientos en la actualidad.
  2. Cuando, aún existiendo aprovechamientos, estos sean de escasa importancia
  3. Cuando, tratándose de aprovechamientos agrarios, los rendimientos previstos
    inicialmente, y que hubieran dado lugar a la desecación no se alcanzasen habitualmente, con sensible desmerecimiento.

……………”

Por tanto, en el Plan del 2011 no se pretendía hacer, como dice el sr. Company,
“urbanismo a la carta en sentido inverso”, sino cumplir con las obligaciones legales de la Administración Hidráulica. 

Al suprimir la cartografía de los humedales potenciales, cabe preguntarse sobre qué
zonas se harán los estudios para su posible rehabilitación o si se esperará a que todas ellas sean declaradas suelos urbanizables o estén ya urbanizadas.

Esto sí es urbanismo a la carta.

 

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