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María de la Antigua Jiménez
Responsable de Organización Esquerra Unida de les Illes Balears.
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. Illes Balears.

 

 

Ante la previsible reforma del sistema de pensiones
Publicat originalment a Gadesco, nº 301, juliol de 2013.

El pasado 30 de mayo, la Troika, y hace escasos días de nuevo el Ecofin, nos dijo en su informe que España debía reformar las pensiones. Poco después, nos encontramos con el informe de unos “expertos” sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Podríamos decir que un informe no es más que eso, un informe, e incluso que un comité de expertos sabe de política lo mismo que un ornitorrinco de algoritmos, si no fuera porque en los últimos tiempos las opiniones técnicas se han convertido en opiniones políticas trasladadas al seno de la sociedad con la inestimable colaboración de los medios de comunicación masivos. Nada más ideológico que esto, más si tenemos en cuenta que a los componentes de estos comités se les atribuye estar en posesión de la verdad. Una verdad que debiera ser objetiva e imparcial, pero que no resulta así en absoluto, y menos en este caso, en el que tres cuartas partes de sus componentes están vinculados a entidades financieras, empresas aseguradoras o a la patronal del sector (UNESPA, DKV, Caser, VidaCaixa, Mapfre, CECA…) además de a la Fundación FAES, FEDEA o el consejo editorial de El Mundo.

Conviene recordar que, casualmente, en los días en que se esperaba el tan ansiado informe, llovieron más informes sobre el factor de sostenibilidad, patrocinados por entidades privadas. Uno de ellos sin ir más lejos, el de UNESPA, la patronal del seguro en cuya elaboración participaron dos miembros del comité designado por el Gobierno, colaborador de la Fundación FAES y jefe de estudios del BBVA respectivamente. O el informe del Instituto de Estudios Fiscales, institución que lleva a cabo servicios de estudios para el Ministerio de Economía. Coincidiendo ambos en las mismas tesis que sostiene el informe del Comité de Expertos. Toda una curiosa coincidencia.

Tan curiosa como el hecho de que en un tema tan sensible y capital como el de las pensiones, el Gobierno no busca el acuerdo político primero y luego le encomienda a los técnicos cuál es el acuerdo que deben desarrollar técnicamente, lo hace a la inversa. Y tan recurrente como utilizar el miedo a la quiebra y trasladarlo al informe de los expertos, poniendo en cuestión la mismísima Constitución una vez más, que en su artículo 41 recoge que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

Llama poderosamente la atención cómo se recurre a la demografía en el informe. En realidad, se dogmatiza, aduciendo que el sistema no es sostenible en función de la cuestión demográfica ya que habrá más jubilados entre los que repartir los recursos de la Seguridad Social a causa del aumento de la esperanza de vida, para apuntalar esa campaña de inviabilidad del sistema público de pensiones y convencer a los trabajadores de la necesidad de que vayan entregando sus ahorros a sistemas privados de inversión, de financiación, a los sistemas privados de pensiones. Eso siempre y cuando los recortes en sanidad practicados por el Gobierno permitan alcanzar la edad de jubilación, claro está.

Establecer el debate sobre las pensiones entorno a la esperanza de vida, sin tener en cuenta siquiera que la esperanza de vida no es la misma para los trabajadores manuales, que copan las capas sociales más bajas, respecto a los trabajadores intelectuales -por lo que el impacto de alargar la edad de jubilación es sustancialmente distinto y más sangrante para los primeros- obviando la productividad en el trabajo y el aumento de la productividad de aquí al 2060, se convierte en una falacia y desviste el tema de rigor interesadamente.

Las pensiones dependen del número de cotizantes y de la cantidad de cotización, que a su vez depende de la productividad y de la calidad del trabajo, de que se ataje la economía sumergida, que se aumente la participación de la mujer en el ámbito laboral y sobre todo del reparto de la renta. Las cotizaciones de las pensiones en nuestro sistema de solidaridad intergeneracional proceden de las cotizaciones de los trabajadores, que pueden ir aumentando con el aumento de la productividad basado en empleo de calidad y así nutrir las arcas de la Seguridad Social.

La demografía como pretexto queda por tanto pulverizada, considerando que lo que más erosiona nuestro sistema de pensiones son las políticas austericidas que viene aplicando el Gobierno del PP en nuestro país. La destrucción de empleo, de empleo público, la cruel bajada de salarios o la reforma laboral que está consiguiendo alterar las relaciones laborales y ponerlas al servicio de amasadores de riqueza -los mismos que han dictado el contenido de la reforma laboral, que consideran que en nuestra economía, carente de valor añadido, es más conveniente un más alto nivel de flexibilidad que de seguridad en el empleo- es lo que verdaderamente pone en riesgo el sistema público de pensiones. Porque se irá generando empleo, pero cada vez más precario que no garantizará la sostenibilidad del sistema si no desaparecen radicalmente las políticas neoliberales. Estas políticas que están provocando el empobrecimiento galopante de las clases medias y la total marginación de las clases más desfavorecidas mientras asistimos a un enriquecimiento vertiginoso de las clases dominantes.

Se dice en el informe que la esperanza de vida de los españoles con 65 años en el año 1900 era de 10 años más, que en la actualidad es de 20 años más y que en el 2050 se espera que sea de 25 años más hasta llegar a los 90 años de esperanza de vida. Lo que no se dice es que el PIB de España desde el año 1900 se ha multiplicado por 24. La omisión de datos claves para un análisis objetivo es una provocación clara y una manipulación tendenciosa.

En España las pensiones públicas suponen cerca del 10% del PIB, un 3,5% menos que la media del PIB de los países europeos, y el fondo de reserva actualmente asciende a 63.400 millones de euros, marcando superávit las aportaciones de las cotizaciones al fondo de pensiones el pasado mes de marzo con relación al gasto en pago de pensiones. Lo que en definitiva, y no hace falta ser un erudito para darse cuenta, significa que el sistema no está en peligro pero sí supone un caramelo, más bien un kiosco lleno de caramelos, que los sistemas privados acechan desde hace décadas.

No es algo nuevo, todo lo contrario, es muy antiguo. A finales del siglo pasado el Banco Mundial ya emitió un informe para justificar la sustitución progresiva del sistema público de pensiones. El primer paso, demostrar su inviabilidad, y para ello se realizan investigaciones y se elaboran informes de todo tipo financiadas por la banca y las aseguradoras, que siempre tratan de demostrarnos la necesidad de llevar a cabo medidas para la reducción paulatina y la aplicación de reformas parciales minorando la capacidad protectora del sistema público. Lo hemos podido comprobar en los últimos años con los gobiernos del PSOE y del PP, que han ido dirigiendo las medidas hacia la reducción progresiva de las prestaciones, la modificación de los sistemas de cálculo aumentando los años necesarios para el cálculo de la pensión o los años necesarios para tener derecho a percibirla, aumentando la edad de jubilación e incluso apoyando fiscalmente a los planes privados de pensiones.

Sirva también como ejemplo el informe de la Comisión Europea de 2008, que decía que España se aproximaría “peligrosamente” al 15% del PIB en el 2060, que es un porcentaje similar al que actualmente tienen Italia y Francia. O el informe del año 95 de la revista Hacienda Pública Española en el que pronosticaba que en el año 2000 el déficit sería del 0,62% y del 0,67% en 2005, o el de La Caixa que auspiciaba un déficit del 0,42% para el 2000 y del 0,75% en 2005, amén de otros muchos más tremendistas de la época, siendo que finalmente el año 2000 finalizó con un superávit de 0,4% y del 1,1% en el 2005, cifras posibles gracias a la incorporación, entre otros, de las mujeres y los inmigrantes a las cotizaciones de la Seguridad Social, segmentos de población que con las políticas del PP, una nueva coincidencia, vuelven a verse ahora relegados fuera del sistema. Pero de siempre, el manido recurso de la hecatombe del sistema de pensiones ha estado presente, la alarma sobre la población, cuando lo cierto es que el colapso de las pensiones es la predicción más fracasada de las últimas décadas.

Lo que verdaderamente resulta alarmante es la criminalización de la res publica y la apuesta clara de este Gobierno en nombre de la Troika por la privatización de lo público, por ende por los planes privados de pensiones, sobre los que mucho se podría discutir acerca de su viabilidad o la de los sistemas de recapitalización, por no hablar de su fiabilidad. Hay infinidad de datos al respecto: como por ejemplo que el primer año de la crisis económica de los sistemas privados de capitalización y financiación en EEUU se aplicó un interés negativo a los ciudadanos norteamericanos, con una rentabilidad media anual negativa del 6,37%. Aunque no tenemos necesidad de irnos tan lejos. Hemos tenido sobrada constancia en España en cómo las compañías privadas y la banca, amparados por el PP, anteponen sus intereses a los de los ciudadanos. Lo hemos visto con las preferentes y lo hemos visto con las hipotecas.
El problema no es demográfico, sino político y económico, y fundamentalmente de ética y de conciencia. El Gobierno, como garante del bienestar de la ciudadanía, debería cumplir con la obligación de no dar paso a la entrada del capital privado en este importante mecanismo de solidaridad intergeneracional que es nuestro sistema de pensiones. Un sistema que forma parte de las condiciones de vida y existencia de muchas personas y parte indisociable de las luchas del siglo XX por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores en el occidente europeo y que seguiremos defendiendo con uñas y dientes.
Por eso la ciudadanía debe saber que hay opciones a las políticas antisociales del PP. Que otras políticas son posibles y viables, como las mejoras progresivas de las pensiones aumentando la base de cotizantes con planes públicos efectivos de creación de empleo, limitando la edad de jubilación, realizando una reforma fiscal progresiva que de verdad exija más a los que más tienen, igualando a la media de los países más avanzados de la UE el gasto social en pensiones, entre otras medidas.

La ciudadanía debe saber que hay alternativa y sobre todo, que hay esperanza. Esperanza de que las cosas sean diferentes, y para que sean diferentes todos contamos, cada hombre y cada mujer es un potencial de cambio futuro. Esa es la labor colectiva que tenemos por delante y en la que debemos invertir nuestro esfuerzo y toda la ilusión.

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