La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha denuncido, en un comunicado público, un recorte de hasta el 65% de las subvenciones concedidas a este colectivo y el impacto negativo que este hecho está teniendo el trabajo social de las asociaciones.

 

Logo Classic ConvertidoEU se hace eco de la denuncia y considera que la situación es incluso mucho más grave. La convocatoria de subvenciones del año 2013 se hizo con cargo al presupuesto del 2014, convietiendo el presupuesto de 2013 en cero euros.

 

La Regidora Esperanza Crespí miente cuando dice que el cambio de calendario se debe a un motivo contable para que las “justificaciones estén cerradas en el mes de noviembre”. Según las bases, las subvenciones de 2014 se cargan a los presupuestos de 2015. Por tanto, como ya ocurrió en 2013, es imprescindible que antes de conceder las subvenciones el presupuesto 2015 esté aprobado y en vigor. Si las asociaciones tienen que presentar las justificaciones en noviembre, eso significa que tendrán que justificar unas subvenciones que aún no estarán concedidas de manera firme y gastar unos recursos sin saber siquiera si tendrán subvención.

Partiendo el hecho de que se trata de entidades sociales no lucrativas, basadas en el trabajo voluntario y que cumplen una función social importante, de desarrollo de la comunidad, de cohesión del barrio, de prevención de conflictos, de detección de necesitades, y de oferta de actividades para vecinos y vecinas,  lo que siempre han reivindicado es poder cobrar las subvenciones por adelantado para poder hacer las actividades. Pero ahora la situación es mucho peor, porque se ven obligadas a ejecutar unos proyectos sobre los que ni siquiera saben si tendrán subvención.

 

El recorte también es mucho mayor porque algunas asociones que presentaron proyectos, ante la falta de recursos no pueden ejecutarlos y una vez finalizado el plazo de ejecución se ven obligadas a devolver los fondos cobrados o que le son directamente revocados por la administración. Esta forma de proceder supone que, además de los recortes evidentes también hay otra forma de recorte encubierta y vestida, cínicamente, de inclumplimiento por parte de las entidades.

 

En la práctica, esta es una forma de dejar sin recursos al movimiento vecinal, de endeudarlo y de impedir que puedan llevar a cabo proyectos sociales de fuerte incidencia social, porque estos son los más caros y los que necesitan más recursos previos para llevarse a cabo.

La situación contrasta con el avance que supuso la etapa de gobierno de Esquerra Unida. Pese a todas las dificultades, los proyectos sociales se podían iniciar una vez abonadas las subvenciones por el Ayuntamiento. Estos proyectos (conocidos como la línea C de subvenciones sociales) recuperaban aspectos formativos y de atención a asectores sociales vulnerables, una línea de trabajo que había sido eliminada de las subvenciones por el gobierno municipal del PP.

Este es un ataque más a la línea de flotación del movimiento vecinal, como cuando en 1992, Fageda eliminó la subvención al proyecto de Aula Cultural, impulsado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, pese a ser reconocido por el entonces MEC y en ámbitos insternacionales como el Consejo de Europa y la UNESCO, como un referente de la educación permanente. También fue importante el avance en la gestión de Casals de Barri por parte de las Asociaciones de Vecinos, impulsado por Esquerra Unida, un programa al que el gobierno del PP se ha negado a dar continuidad, pese a la petición de algunas asociaciones que estaban dispuestas a seguir con la gestión, incluso sin subvenciones.   

 

Todo este cuadro de ataque y debilitamiento al movimiento vecinal, se refuerza con otros criterios restrictivos en las bases de convocatoria y también durante el proceso de justificación de los proyectos, que en algunos casos contienen errores importantes, que obligaban a las asociaciones a devolver más dinero del que realmente les correspondía, pero al mismo tiempo, ni siquiera se informaba a las asociaciones de los derchos que les concede la Ley de Procedimiento Administrativo.

 

Todo este proceso encaja muy bien en la actual política general del PP, que como en otros ámbitos, inclumple el compromiso pre-electoral que firmó con la Plataforma por la Recuperación de la Iniciativa Ciudadana.

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